Recojo a continuación parte de un artículo de José Antonio Vega, publicado hoy en el diario CINCO DIAS. Se explica solo.
Se aproxima una tormenta perfecta para centenares de empresas, de tamaño medio y pequeño, que tienen problemas de liquidez y crédito, y cuya demanda no acaba de despegar tras el desierto de la pandemia. El 30 de junio vencen unos cuantos programas de ayuda a empresas y consumidores en general, que en parte, pero solo en parte, serán prorrogados por el Gobierno. Otros, los que más afectan a las empresas, finalizan y podrían poner en problemas adicionales a las compañías.
El día 30 de junio termina la vigencia de los dos grandes fondos de rescate habilitados en España para las empresas afectadas por la pandemia, el que lidera SEPI, con 10.000 millones de capital y el de Cofides, con 1.000 millones destinados a empresas de pequeño tamaño. Vencen, y no pueden ser prorrogados, porque Bruselas lo ha prohibido expresamente, ya que se trata de programas de ayudas de estado, una cuestión con la que Bruselas es muy escrupulosa. Vencen también los periodos de carencia de los créditos concedidos por la banca con avales del Instituto de Crédito Oficial, esos dos años en los que el deudor hace frente a los intereses, pero no tiene que amortizar capital. Y vence también, si no se hace nada, la moratoria de la ley concursal, que permite a los jueces prolongar la situación de las empresas en malas condiciones sin instar el concurso. Esta moratoria está pendiente, además, de una reforma de la ley que el Gobierno aprobó en enero, pero cuya tramitación parlamentaria no ha concluido, lo que podría obligar a una nueva prórroga.
Por tanto, sin estos tres pararrayos, las empresas con dificultades, las que han acudido al ICO y a los fondos de rescate y no han superado los problemas financieros, tendrán que lidiar a campo abierto con la situación, y bien podría producirse una avalancha de procesos de crisis en los próximos meses. Unos meses en los que la situación de la economía podría deteriorarse más a juzgar por la evolución de la actividad por la presión tan fuerte de la inflación sobre la demanda y los tipos sobre la financiación y su coste.
Las empresas con problemas que disponen de créditos ICO han acudido en una buena proporción en los meses pasados a la banca en busca de refinanciaciones adicionales o nuevas líneas de crédito, y ante la negativa de las entidades a concederlo si ya había problemas de repago, han buscado el abrigo de los fondos de rescate públicos, y si no lo encuentran, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, solo tienen la solución que ustedes, suspicaces suscriptores, están pensando. La tormenta perfecta, vaya.